El Tribunal de Mayor Riesgo «C» concedió una autorización judicial para trasladar a María Fernanda Bonilla, procesada por el asesinato de la joven universitaria Melisa Palacios, hacia un hospital privado ubicado en la zona 15 de la capital. La disposición responde a una petición de la defensa técnica que argumentó complicaciones de salud derivadas de padecimientos renales crónicos.

La decisión judicial, oficializada mediante resolución el 15 de octubre, se fundamentó en dos informes periciales coincidentes: el dictamen del médico asignado al centro de detención preventiva del cuartel militar Matamoros —donde la acusada guarda prisión preventiva— y una evaluación clínica elaborada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Custodia estricta y protocolos de contingencia

La resolución emitida por la judicatura fija directrices específicas para garantizar que la reclusión hospitalaria no vulnere las medidas cautelares de privación de libertad:

• Seguridad penitenciaria: La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) tiene a su cargo el resguardo y la vigilancia ininterrumpida de Bonilla dentro de las instalaciones médicas, implementando protocolos de seguridad máxima durante su estancia.
• Coordinación de emergencias: El juzgado determinó que, ante cualquier eventualidad de gravedad clínica o escasez de insumos médicos en el sanatorio privado, las autoridades penitenciarias quedan facultadas para trasladar a la sindicada a un centro hospitalario público de la red nacional, bajo la estricta responsabilidad administrativa y operativa del director del Sistema Penitenciario.

Antecedentes y dilatada espera para el debate oral

María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín enfrentan cargos penales por su presunta coautoría en la muerte violenta de Melisa Palacios, hecho acaecido a principios de julio de 2021 en una zona boscosa del municipio de Río Hondo, Zacapa.

El proceso judicial ha transitado por diversos incidentes procesales, recusaciones y cambios de tipificación delictiva a lo largo de los últimos años, hasta quedar radicado en el fuero de Mayor Riesgo. Ambos procesados permanecen formalmente acusados por el delito de asesinato, y el inicio del debate oral y público en el Tribunal de Mayor Riesgo «C» se encuentra calendarizado para diciembre de 2027.